Hidalgo: Represión no


Hidalgo es una sede histórica de luchas sociales. Así han sucedido por los derechos sindicales, indígenas, campesinos, de las mujeres y políticos, entre muchos otros desarrollados bajo causas coyunturales en las diferentes etapas políticas de la entidad. Sin embargo, de tal modo surgieron de estos movimientos, como han sido víctimas de represión y violencia de Estado a lo largo de todos sus años de existencia como entidad constitucional y antes, si se toman en cuenta las guerrillas de Reforma y la Revolución extendidas por la Sierra Gorda.

La represión política contra los movimientos sociales y reivindicativos en Hidalgo han ocurrido en buena medida a partir de una política de criminalización de la protesta social a nivel nacional; no obstante, subyace sobre condiciones políticas y culturales específicas de la entidad, que la revelan como una de las que mayor índice de corrupción política presentan, en aliento al cacicazgo histórico, hegemonía política y la implementación de una estrategia de desarrollo económico neoliberal, en detrimento de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población hidalguense.

Los saldos siempre son de sangre y privación de la libertad.

Así, la represión política contra los movimientos sociales y reivindicativos del siglo XXI ofrece un punto de análisis particular. En épocas donde el Aparato de Estado presume la globalización de los derechos y las oportunidades de desarrollo humano, resulta paradójico observar la forma en que la violencia gubernamental contra las organizaciones reivindicativas en la actualidad, son igualmente avasalladoras que en la centuria anterior.

Tales acciones, además de reprobables, siempre evidencian la falta de interés en la preservación de los derechos humanos, en detrimento del desarrollo humano en la entidad, el cuarto más bajo en México según el dictamen del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Y sin desarrollo humano, no hay garantías de satisfacción de una vida digna, abriendo camino a la violencia social.

Es preciso hacer un llamado a no olvidar. Los casos ocurridos deben analizarse desde una perspectiva ciudadana, apegado a la conciencia de los derechos humanos, los cuales, son y actúan en función del abuso de poder. Es deber de las administraciones vigentes, independientemente de su distingo partidario, evitarlos ahora y en el futuro.

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