Prohibido decir la verdad


Se deberían colocar cámaras en todos los penales y ministerios públicos del país para demostrar, al igual que el documental “Presunto culpable”, que el fracaso del sistema judicial mexicano va más allá de la fabricación de injusticias. Una madeja de porquería la compone.

El documental en cuestión es eso: una pequeña probadita de mierda. La que brota de las cloacas de los jueces en el México sangriento y la cancelación judicial de su exposición, forma parte de lo mismo. La juez 12 de lo administrativo del Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, concedió un amparo a favor de Víctor Daniel Reyes Bravo, testigo de cargo que aparece en el documental y que alegó daño moral, provocando la exposición de la obra del productor Roberto Hernández.

Sin embargo, esto no es en sí mismo un acto de censura, pues por vía legal, se ha fallado contra la proyección de una obra que, a criterio de la jueza, afecta los derechos de un interesado. No obstante, en el contexto de la resolución judicial, sí se atenta contra la libertad de información, mas sucede por parte del sistema judicial que es capaz de fallar en contra del elemental derecho de expresión con base a las figuras que ha implementado sobre los intereses de quienes han condonado este tipo de leyes y juicios en absoluto detrimento de la justicia. Es pues, la típica muestra de la típica contradicción mexicana: lo justo no siempre es lo legal, y viceversa.

Así en estos momentos están por cometerse dos injusticias similares. La SCJN ha de fallar sobre la constitucionalidad en los juicios presentados por supuesto “daño moral” que han sido resueltos en contra de los periodistas Alfredo Rivera Flores y Eduardo Huchim. El primero de ellos por la publicación del libro “La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo” demandado por el político priísta y cacique de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán; mientras el segundo, demandado por la Magistrada Federal, Consuelo Villalobos Ortiz, por la publicación de su participación en el presunto daño patrimonial de 5.5 millones de pesos por la compra y remodelación del edificio sede del Tribunal Federal.

En estos casos, junto a la censura implícita de “Presunto Culpable”, se demuestra que en México, bajo el régimen político y judicial que lo conforma, está prohibido decir la verdad. Y quien la exponga podrá ser condenado.

Twitter: @albertobuitre

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