Tras la represión a normalistas de #Michoacán, el intento de privatizar la educación [@losangelespress]


 

La sangrienta represión político-armada ocurrida contra estudiantes de las Normales Rurales de Tiripetío, Arteaga y Cherán, Michoacán, por parte del estado mexicano mediante sus fuerzas policiales estatales y federales, da muestra de la criminalización de la protesta social en México. Con ésta, se pretende aplacar cualquier voz o acción que vulnere el sistema de saqueo de los recursos del país, y en este caso, la aplicación de una política de privatización de la educación pública, gratuita y social para los campesinos pobres del pueblo.

Detrás del operativo, cuyo saldo es de 178 estudiantes detenidos y de quienes se ignora hasta el momento su paradero y estado físico, se encuentra la reacción de un sistema anciano y cruel: el capitalismo, que opera en México como laboratorio del rescate a su propia crisis a costa de lo poco que los pobres tienen.

Para esto se vale de la implementación de políticas educativas que privilegian la creación de mano de obra tecnificada para la operación de industrias, empresas y comercios extranjeros y nacionales que, de la mano de una reforma laboral que liquida los derechos de los trabajadores al salario justo, contratos, prestaciones y sindicalización, apunta al recrudecimiento de la pobreza mediante de la pauperización del trabajo y la calidad de vida del pueblo. En suma, hacer más pobres a los pobres, con el espejismo de educación y empleo, a costa del endeudamiento, el encarecimiento de la canasta básica y la privatización de servicios públicos.

Privatizar la educación

La agresión contra los estudiantes normalistas no es un hecho aislado. La represión de la madrugada del 15 es un capítulo más en la avanzada violenta del capitalismo y sus precursores por apoderarse de lo poco que queda de soberano en México, tal como sucede en algunos países de América Latina como Colombia, Brasil o Chile, donde los empresarios europeos y estadounidenses tienen una ventana al saqueo, vía las Reformas Estructurales, aún si éstas apuntan a la “regulación social” keynesiana del neoliberalismo.

Por eso, lo sucedido en Michoacán está intrínsecamente conectado a la gira de Enrique Peña Nieto a Europa para recibir órdenes a Angela Merkel y la Unión Europa sobre cómo aplicar en México la misma fórmula de endeudamiento que impusieron a Grecia, Portugal, Turquía, España o Italia, y sus ilusas pretensiones de rescate español. Estos “rescates” tienen como objetivo rematar los pocos recursos nacionales a los monopolios extranjeros que, una vez saqueando al digno pueblo europeo, pretenden la necolonización americana mediante sus industrias prestas a hacerse del petróleo, la energía eléctrica, los minerales y las telecomunicaciones nacionales.

La educación es un recurso deseado más. La estrategia para su desnacionalización incluye la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) que penaliza a los docentes que no resulten bien “evaluados” de acuerdo a los criterios marcados a México por la OCDE, cuyo acuerdo de cooperación establece que “los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo”, al tiempo que el país miembro debe “liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios”, incluyendo, claro, el educativo.

Y mientras los estudiantes normalistas exigen la apertura de nuevas plazas magisteriales para trabajar, la ACE va en contra de la basificación del personal docente, pretendiendo evaluar sus capacidades mediante un examen definitivo y no por su experiencia frente a grupo o promedio escolar. De esta forma, esta medida-a todas luces obediente de los estándares fijados por el organismo dependiente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial – es una contrarreforma que con tal pretexto busca liquidar mediante su descalificación a los centros de formación magisterial, cuyo centro de ebullición son las Normales Rurales, creadas en 1932 en la campaña de “educación socialista” del presidente Lázaro Cárdenas y que, por si fuera poco, son históricos polos de formación de luchadores sociales como los profesores Genáro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos y Arturo Gámiz, quienes desafiaron abiertamente al Gobierno impulsor de la explotación de los pueblos y los trabajadores.

Por ello es obvio el intento del Estado burgués nacional y del imperialismo internacional por ir en contra de quienes se han apostado a defender a las Normales Rurales de Tiripetío, Cherán y Arteaga, como en su momento fue la de El Mexe, Hidalgo y como continúa siéndolo de la Ayotzinapa, Guerrero, contra quien el 12 de diciembre del 2011, se desató una represión que culminó con el asesinato de dos estudiantes por arma de fuego de parte de elementos de la Policía Estatal.

Linchamiento mediático

Ahora se sabe, de acuerdo a los testimonios de los únicos dos fotoperiodistas presentes durante la represión, que los vehículos quemados y la violencia corrió a cargo de los policías estatales y federales, versión confirmada por el Gobierno Comunal de Cherán K’eri, quien por su parte emitió un comunicado condenando la violación por parte del Estado mexicano a su territorio y afirmando que fueron los efectivos quienes siniestraron los automóviles, uno de los cuales fue el de Alan Ortega, fotoreportero de la agencia Quadratín.

Sin embargo, los medios de comunicación capitalistas, desde la centralidad de la Ciudad de México, han obviado las versiones, quedándose únicamente con las ensordecedoras declaraciones del gobernador Fausto Vallejo quien, en todo momento justificó y no negó la violencia contra los normalistas.

Detrás de esta omisión de la prensa nacional se encuentra una permanente campaña de linchamiento mediático en contra de la Federación de Estudiantes Socialistas de México (FECSM) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes, junto al Movimiento Magisterial de Bases (MMB), se han opuesto desde hace tres años a la implementación de la ACE y las contrarrefomas de la Ley General de Educación y la privatización de los sistemas de educación pública, laica y gratuita. Su persistencia en la descalificación es tanta, que sobrepasa la que de manera muy débil hacen en contra la de la cacique del SNTE y el Partido Nueva Alianza, Elba Esther Gordillo y, en el mejor de los casos, los empatan cuando el movimiento magisterial democrático lleva más de 30 años de lucha por democracia sindical y educación popular en México.

por @albertobuitre
Publicado en @losangelespress

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