Golpe de Estado clínico contra Hugo Chávez


El periodista cubano Jorge Gómez Barata hace un puntual análisis sobre el actual debate en Venezuela sobre la juramentación del Presidente Hugo Chávez y sí ésta puede o no ser pospuesta o tomada desde un lugar que no sea la Asamblea Nacional, como lo señala la Constitución.

A razón de interpretaciones. Gómez Barata expone los casos de tres ex presidentes estadounidenses que así lo hicieron lejos de Washington, uno de llos, incluso, desde La Habana, para paradoja del caso. Y en tanto nos llega el 10 de enero como fecha límite marcada por la ley bolivariana para la toma de protesta, el periodista resuelve que la contrarrevolución venezolana está desesperada al grado de violar lo legal, lo ético y lo moral para impedir que Chávez jure al puesto al cual fue reelecto por amplía mayoría de votos.

Quieren darle un “Golpe de Estado clínico”, el mismo que no pudieron darle ni por la vía del sufragio ni por el de las armas. Y si todo resulta como el mundo espera, el líder del Comando de Carabobo podrá juramentar como la ley y el pueblo lo indican, a pesar de los intentos desestabilizadores.

A continuación el texto:

 

por Jorge Gómez Barata

Hasta hoy el único gobernante norteamericano juramentado fuera del país fue William R. King, vicepresidente del 13° presidente Franklin Pierce, quien en 1853 enfermo de tuberculosis viajó a Cuba para tratar de restablecerse y no estuvo presente en la toma de posesión en Washington. Una dispensa del Congreso le permitió jurar el cargo en La Habana.

Cuando el 2 de agosto de 1923 el presidente Warren Harding falleció repentinamente, su vicepresidente, Calvin Coolidge se encontraba en una apartada zona rural de Vermont por lo cual asumió la presidencia un día después. El juramento fue tomado por su padre. 110 años después, en 1963 Lyndon Johnson tomó posesión a bordo del Air Force One.

A pesar de tan rotundos precedentes, las complicaciones post operatorias que presumiblemente impedirán al reelecto presidente Hugo Chávez estar en Caracas para la toma de posesión ante la Asamblea Nacional el próximo 10 de enero son dramatizadas y manipuladas para utilizar un hecho conocido y legalmente incuestionable como pretexto para inducir a un “golpe de estado clínico”.

Ante litigios constitucionales, las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, incluido el presidente cuya opinión debe ser tomada en cuenta, están obligadas a procurar que se actúe conforme a derecho y que se cumpla la ley y, en este caso, la voluntad popular formalmente expresada y registrada. En la presente coyuntura venezolana se trata de encontrar las fórmulas para facilitar que el mandatario electo tome posesión de su cargo, no para impedir que lo haga.

Los hechos expuestos con buena fe y total transparencia no dejan lugar a dudas: se trata de un presidente que en posesión del cargo para el cual fue reelecto, vivo, mentalmente apto y en uso de sus derechos, entre ellos a que se aplique la Constitución que al respecto no puede ser más clara.

En su artículo 231, sin ningún género de dudas ni margen a interpretaciones diversas, la Constitución venezolana establece que: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional…”.

A renglón seguido el texto pauta una alternativa. “Si por cualquier motivo sobrevenido (que es el caso) el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

Para el segundo ítem, precisamente por tratarse de motivos “sobrevenidos”, es decir “repentinos o imprevistos” y debido a que es imposible legislar sobre lo ignoto, el texto no establece lugar, fecha ni plazos, cosas que conscientemente los constituyentes dejaron al arbitrio de las autoridades concernidas que son: la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Presidente quienes de mutuo acuerdo deben aplicar la norma. En este caso lo coherente con la sustancia de la ley y lo jurídicamente significativo es que el presidente tome posesión ante las autoridades mandatadas. El modo y el momento son secundarios.

Actuando de buena fe y para consumar la voluntad popular y constitucional de que el presidente electo tome posesión, pueden tomarse varias providencias: (1) la presidencia de la Asamblea Nacional viaja a La Habana o el Tribunal Supremo se desplace y tome juramento al presidente en Cuba.

En Estados Unidos, verdadera patria del constitucionalismo liberal, nueve de sus 44 presidentes han tomado posesión de modo irregular. Cuatro de ellos lo hicieron porque el presidente murió de muerte natural en el desempeño del cargo. Otros cuatros debido a magnicidios y uno, Gerald Ford por la renuncia de Richard Nixon.

Como datos curiosos pueden anotar que: al jurar la presidencia, por ser agnóstico, John Quincy Adams lo hizo sobre un libro de leyes, el católico Lyndon Johnson sobre un misal y Franklin Pierce utilizó la palabra “afirmo” en lugar de “juro”. Al renunciar, Richard Nixon planteó un problema inédito pues se trataba de un hecho sin precedentes respecto a lo cual en la Constitución no hay una sola palabra. Cuentan que consultado al respecto el presidente del Tribunal Supremo comentó: “Con hacer constar su decisión parece suficiente”.

En la presente coyuntura, lo legal, ético y moralmente correcto es facilitar la toma de posesión de Chávez. La vida y la Providencia dirán si hubiera que invocar otros preceptos. Allá nos vemos.

 

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