“Él no tenía contrarios. Yo pienso que fue el Gobierno”


La Red de Organismos Defensores de Derechos Humanos de México, reporto este martes 13 de noviembre que han ocurrido 13 asesinatos de luchadores sociales en el estado de Guerrero, ubicado al Suroccidente del país. De ellos, cinco eran militantes del Partido Comunista de México.

El último de estos crímenes ocurrió contra el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) Luis Olivares Enríquez y su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo. Fueron  asesinados en el interior de su casa en la colonia Frente Emiliano Zapata, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, alrededor de las 8:30 de la mañana del domingo 10 de noviembre. Los testimonios de sus vecinos de la colonia relatan que Olivares se encontraba en el patio de su casa descansando mientras su esposa cocinaba, cuando un comando armado irrumpió y con ocho balazos de 9 milímetros les quitó la vida.

La ex esposa de Luis, Zeferina Romero Fernández, declaró al periódico La Jornada:  “Él no tenía contrarios; yo pienso que fue el mismo gobierno”.

Agentes de la Marina y de la Policía Ministerial acordonaron la casa cerca del mediodía y colocaron vasos desechables sobre los casquillos percutidos. La orden era que nadie pasara. Después llegaron los peritos de la Policía Estatal. “Si eso le hicieron a él, qué no le harán a los demás”, dijo una vecina de esta comunidad donde habitan unas 80 familias.

Los vecinos cuentan que Ana Lilia fue encontrada viva, pero la ambulancia nunca llegó. Un vecino llamado Romero Fernández declaró al periódico que tras los disparos se apuró a la casa de Luis Olivares; que vio a su mujer tenida: “Estaba dentro, se estaba muriendo, todavía no se moría, quería ella hablar, pero no pudo hablar; ya como a los cinco minutos dejó de respirar”.

Antes, el sábado 2 de noviembre, habían matado a su primo David Romero Téllez. Ahí, los sicarios dejaron un papel amenazando a Olivares: “Aquí te dejamos este regalito ¡Luis Olivares!, así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Atte. La Santa Muerte (sic)”., decía la amenaza.

Pero este apenas fue el último mensaje  antes que lo asesinaran.

El jueves 29 de septiembre, el mismo dirigente de la OPPCG denunció en una conferencia de prensa frente a la representación del Gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, capital del país, que estaba siendo amenazado de muerte.

Junto a los productores Sofío García Ternés y Francisco Flores Osuna, miembros de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares acusó a los paramilitares por las amenazas. Y advirtió, que si era asesinado, los responsables serán el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero y el mismo Enrique Peña Nieto.

Este 30 de septiembre se cumplía el plazo. Pasaron dos meses y al fin fueron ejecutados.

Luis Olivares, Sofío García Ternés y Francisco Flores Osuna , lo mismo se habían opuesto a las mineras, que las madereras clandestinas. Sus grupos organizados son impedimento para la explotación capitalista de la tierra. Por eso, de alguna manera, no les extrañan estos avisos. También se habia opuesto radicalmente al avance de las mineras canadienses tanto en La Montaña como en la Costa de Guerrero. Además, pertenecen a los grupos que se quedaron a exigir justicia tras el magnicidio de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en 1997. “Es parte de la Iniciativa Mérida: quieren Perote, la sierra, nos quieren sacar de la tierra”, fueron sus declaraciones recogidas por el portal Revolución 3.0.

Raymundo Velázquez, Miguel Ángel Solano, Samuel Vargas

Cuando Luis Olivares denunciaba las amenazas en su contra, habían pasado veinticinco días del asesinato de tres comunistas más: Raymundo Velázquez Flores, secretario general en Guerrero del Partido Comunista de México, y los camaradas Miguel Ángel Solano y Samuel Vargas.

En agosto 5 fue encontrado sin vida los cuerpos de los comunistas cuando volvían a su hogar en el municipio de Coyuca de Benítez luego de una reunión política del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Los cuerpos fueron encontrados con impactos de bala y huellas de tortura a las orillas del río de Coyuca de Benítez, donde también se halló un auto calcinado marca Tsuru color blanco sin placas con rotulación de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (Cetig) en el que viajaban.

Velázquez Flores preparaba para el próximo 20 de agosto el primer Congreso Regional del PCM que agruparía a varias células comunistas compuestas por campesinos y magisterio de comunidades de la Costa Grande y La Montaña guerrerense.

Velázquez Flores era un campesino, quien además de fungir como secretario general del PCM en Guerrero, dirigía la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), que desde años atrás mantenía una lucha activa contra la instalación de minas canadiense en más de 200 mil hectáreas de territorio comunal guerrerense, al tiempo que mantenía una disputa histórica contra grupos caciquiles la apropiación legítima de las tierras de campesinos e indígenas.

Luego de su salida de Cuernavaca alrededor de las 6 de la tarde, se perdió comunicación con Velázquez Flores al poco tiempo de haber dejado a la compañera Tomasa Vázquez Juárez en su domicilio en aquel municipio. Los comunistas tenían que llegar a una reunión con campesinos de la LARSEZ el día domingo 4 de agosto en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero “por lo que evidentemente fueron interceptados en su camino y asesinados cobardemente”, señala en un comunicado emitido por el Buró Político del PCM la noche de este lunes.

“El Partido Comunista de México a través de su Buró Político, hace responsable al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto del PRI, al Gobierno Estatal de Ángel Aguirre Rivero del PRD y el gobierno municipal de Ramiro Ávila Morales del asesinato de nuestros camaradas”, señaló. .

La organización denunció que en Guerrero no hay garantías para la acción política de los comunistas, los revolucionarios y los luchadore sociales.

“Este es un ataque directo de los tres niveles de gobierno en contra del Partido Comunista de México. En sentido, nuestro el Partido Comunista de México y todas sus estructuras actuaran en consecuencia y juramos que no quedara impune el asesinato de nuestros camaradas”, subrayó.

Asesinatos ligados al Pacto por México

El informe de la Red de Organismos Defensores de Derechos Humanos de México señala además los asesinatos en el municipio de Iguala de los dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez. Habían sido desaparecidos junto con seis activistas más en esa localidad. En la lucha social, pertenecían a los movimientos populares para urbanización y realización de obras públicas en barrios pobres.

Héctor Arroyo, dirigente de la organización Lucio Cabañas Barrientos, que forma parte de la UP, y quien fue uno de los que logró escapar, declaró: “Al ingeniero (Arturo Hernández Cardona) lo chingaron el día viernes. Luego el sábado mataron a golpes a (Félix Rafael) Banderas, y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de milagro estamos vivos y me voy a Iguala porque me van a matar”.

“Cardona había recibido amenazas del alcalde”, agregó Arroyo, refiriéndose al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, identificado por los deudos de los asesinados como el responsable de los crímenes.

Abarca Velázquez es militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al igual que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Partido político denunciado por el Partido Comunista de México como parte de la alianza político-empresarial denominada “Pacto por México”, integrada por el PRI de Enrique Peña Nieto y el ex gobernante Partido Acción Nacional (PAN).

El 20 de octubre, en el municipio de Atoyac, también en la Costa Grande fue asesinada Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCCS), organización a la que pertenecían los 17 campesinos abatidos el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas.

El pistolero solitario activó un fusil AK-47 contra el cuerpo de Mesino Mesino en el camino de la ruta a Mexcaltepec, de la Sierra Sur este mediodía. La activista supervisaba trabajos de un comedor comunitario y de un puente artesanal que construían habitantes de esa región para cruzar el Río Atoyac, tras los daños que dejo la tormenta tropical ‘Manuel’ que devastó la zona y que no contaba con el apoyo del Gobierno estatal ni federal.

Antes de 2013

Así mismo, en el mes de noviembre de 2012 fue desaparecido y luego encontrado Francisco Piedragil Ayala, dirigente de cafetaleros en la Costa Grande y en diciembre de 2011 desaparecieron los campesinos Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, cuando trataban de salir de Petatlán y llegar hasta Chilpancingo. Eran activistas por la salvaguarda del ecosistema de su comunidad.

Ese mismo mes asesinada la campesina ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Mojica, en el momento preciso de encabezar el éxodo de un entender de familias que salieron de la sierra por amenazas de la delincuencia organizada.

Hasta el momento, ninguno de los crímenes cometidos en contra de luchadores sociales se ha esclarecido.

Pacto por México, pacto asesino

Un artículo del periodista Roberto Ramírez Bravo publicado en La Jornada Guerrero, echa luz sobre los acontecimientos. ¿Se trata de “un desmantelamiento de lo que desde el poder político se percibe como una eventual insurgencia”?

El periodista cuestiona el embate del Gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero (PRD) para criminalizar a quienes se oponen a sus proyectos, encarcelar líderes de policías comunitarias, desaforar alcaldes que apoyen autodefensas y lo peor de todo, hostigar judicialmente y tolerar, al menos, el asesinato de líderes políticos.

Ramírez Bravo menciona tres casos paradigmáticos ocurridos este año.

El de Rocío Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), asesinada el 20 de octubre; Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSREZ) y secretario general del Partido Comunista de México en Guerrero, asesinado el 6 de agosto; y Luis Olivares Enríquez, asesinado junto a su esposa Ana Lília Gatíca Rómulo, este domingo 10 de octubre y quien era dirigente de la Organización Popular de Productores la Costa Grande de Guerrero (OPPCG).

La cuestión es que a los tres, el Estado mexicano los tenía bajo sospecha de organizar una insurgencia armada, advierte el periodista.

Cada uno de los tres, pese a ciertas diferencias, reivindicaban las luchas de los históricos guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, líder del Partido de los Pobres quien intentó levantar una insurgencia comunista en 1970 en el sur guerrerense. Mesino, Velázquez y Olivares tenían claro que la organización popular era su única posibilidad de sobrevivir a la violencia del Estado, los paramilitares al servicio de las compañías mineras y hasta los narcotraficantes.

Por su parte, organizaciones como el Partido Comunista de México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y hasta el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en un comunicado, han coincido en advertir que tras las matanzas se encuentra la campaña del Gobierno mexicano y el Pacto por México (alianza político-empresarial de la burguesía mexicana) por imponer las privatizaciones capitalistas que, entre otras cosas, incluyen la comercialización de los recursos naturales y minerales, justo contra lo que las comunidades guerrerenses luchan, desde la costa hasta La Montaña.

¿Qué tanta razón tiene la hipótesis planteada por el periodista Ramírez Bravo? ¿Quiere Enrique Peña Nieto acabar de un jalón con cualquier brote de insurgencia popular en el país? Al menos, queda claro que la posibilidad asusta al Estado mexicano. No en balde, la represión oficial ha recrudecido; incluso en la Ciudad de México, paraíso de ”libertades democráticas”, según algunos, donde han tenido lugar aprehensiones extrajudiciales durante varias protestas en el año y se ha implementado un nuevo modelo de violencia de Estado mediante el encapsulamiento de cualquier manifestación pública masiva, política o cultural, incluyendo el terrorismo mediático contra activistas.

Parece entonces que México está a punto de encontrar la verdad de lo que ocurre en Guerrero y prácticamente en todo su territorio. Lo que es cierto es que Peña Nieto y los capitalistas tienen como estrategia implementar el miedo colectivo. Intentar desmovilizar a las organizaciones –para lo cual funcionan muy bien agentes reformistas como Andrés Manuel López Obrador-, e imponer a punta de fuego podrán imponer las “reformas estructurales” para terminar de saquear al país y exacerbar la explotación de la clase trabajadora.

ALBERTO BUITRE / LOS ÁNGELES PRESS

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