Lo nuestro no es casualidad (@Funuvida )


Hoy di un paso hacia la paz. Contrario a mi opinión jactanciosa de la vida, no pude decir no. Y así comienzo. Hoy, publico mi primera columna en la prensa de la Fundación para Una Nueva Vida (Funuvida) de Colombia. Un grupo de periodistas y activistas con sede en Medellín que ocupan sus días y esfuerzos en construir la anhelada paz colombiana y generar esperanza para las víctimas de la violencia de Estado. Así las cosas para mí, resistiéndome a quedarme vencido ante la guerra, pues porque qué más. O nos endurecemos o nos traga la bestia. Gracias admirados Alejandro, Andrea, Gina, por abrirme las puertas; sin darse cuenta, están rescatando a un desplazado de sí mismo. A continuación mi texto:

Lo nuestro no es casualidad

 México enfrenta una nueva ola de guerra sucia. Durante un año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinados 13 activistas, todos, campesinos; todos, solamente en el Estado de Guerrero. Cinco de ellos eran comunistas; más, los trece tenían en común su lucha por la reivindicación de la tierra y a la autonomía popular. Los trece fueron acribillados por paramilitares, y de los culpables nada se sabe, o nada se quiere decir. Y mientras las autoridades se lavan las manos, el pueblo tiene claro al culpable: “Fue el Gobierno”.

Así ha pasado un año de peñanietismo y además de esos treces muertos, hay 68 desaparecidos políticos. Según el Comité “Hasta Encontrarlos”, hay un total de 70 mil detenidos -desaparecidos en México en el curso de tres sexenios. Dos del Partido Acción Nacional, el cual llegó al poder para sacar 70 años de PRI; más, en el saldo de doce años, terminó rematando la sede presidencial de Los Pinos para la vuelta del Partido Revolucionario Institucional. A la postre sumaron al Partido de la Revolución Democrática, que se dice es de izquierda. Juntos conformaron el Pacto por México. Una alianza suigéneris entre los tres espectros partidarios cuyo único auspiciante es la burguesía nacional e internacional. Es decir, los grandes capitales. La cuestión es desmantelar el país. Crear un consenso parlamentario para aprobar las “reformas estructurales”; iniciativas para privatizarlo todo y exacerbar la explotación de la clase trabajadora. Y con la irrenunciable ayuda de los monopolios mediáticos, salvar la crisis capitalista por unos diez años más.

Y en suma, la represión. Este primero de diciembre salieron algunas organizaciones a marchar en la Ciudad de México en repudio al primer año de Gobierno de Peña Nieto. La respuesta por parte del Estado mexicano fue mandar a cientos de policías del Agrupamiento de Granaderos. No se sabe cuántos pues la alcaldía de la capital mexicana se reserva el derecho de informar ese dato “por seguridad de la ciudad”. Pero sí aprehendieron ilegalmente a 14 personas, una de ellas periodistas. Y además, dos reporteros golpeados por los agentes. A otra le robaron un celular, según documentó la organización Article 19.

Pero esto ya había pasado hace un año, justo cuando Peña Nieto tomaba posesión el primero de diciembre del 2012. Ahí resultó gravemente herido por un impacto con bala de goma por parte de la Policía Federal, el activista Juan Francisco Kuy Kendall. El disparo abrió su cabeza y le expuso la masa encefálica. Su vida se degradó por completo y ahora vive con las secuelas permanentes. Del crimen, el Estado no se responsabilizó. Y más aún, el único testigo de la agresión está desaparecido desde entonces. Teódulo Torres Soriano alias “El tío”, posiblemente fue hecho desaparecer de manera forzada por agentes del Estado mexicano, según el Comité Cerezo.

En tanto el narco no para. En estados como Michoacán ya son varios los Grupos de Autodefensa y Policías comunitarias que se alzan para defenderse de sus amenazas. Pueblo armado ante la impasividad de las fuerzas federales. Y sin embargo, la consigna por parte del Gobierno es perseguir y encarcelar a sus organizadores, mientras los criminales siguen ilesos. Así Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, en la montaña de Guerrero, presa desde septiembre.

Para todo esto, el “Pacto por México” echó mano del ex director de la Policía Nacional colombiana, Oscar Naranjo Trujillo. El criminal de guerra del Gobierno de Álvaro Uribe, responsable del asesinato de los estudiantes mexicanos, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los mató el 1 de marzo de 2008 mientras se encontraban en un campamento de paz de las FARC-EP, en Sucumbíos, Ecuador. Los bombardeó violando además la soberanía de ese país. El mismo que a las órdenes del ESMAD asesina y siembra terror en entre el campesinado de Colombia. Ese mismo que hoy asesora a Enrique Peña Nieto en materia de seguridad.

Y si bien no se puede probar aún la responsabilidad intelectual de Naranjo en lo que hoy sucede en ese país, es cierto que desde el 1 de diciembre de 2012, las tácticas de represión social han variado. Se han robustecido los operativos; vamos, hasta las armaduras de los policías. Tanto, que hoy en entre mexicanos se habla de terrorismo de Estado y los paramilitares parecen tener carta abierta en las zonas rurales. En la ciudad, suceden encapsulamientos y se ven volar drones sobre las protestas. Y de esto, nada debe ser simple casualidad. No lo es en Colombia y no hay razón para que lo sea en México.

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