Comunistas bajo amenaza


Gustavo Adolfo López Ortega es un líder de la insurgencia magisterial en Oaxaca y dirigente en ese Estado del Partido Comunista de México (PCM). El pasado domingo 22 de marzo, dos sujetos armados lo interceptaron cuando transitaba por la capital oaxaqueña; lo golpearon y lo amenazaron de muerte: “Esta es la última advertencia”, le dijeron.

Gustavo Adolfo López Ortega. Comunista bajo amenaza. FOTO: PCM
Gustavo Adolfo López Ortega. Comunista bajo amenaza. FOTO: PCM

Lo conocí en el año 2013 durante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México. Valga recordar que tales manifestaciones en contra de la privatización de la educación pública en México y la liquidación de derechos laborales del magisterio, terminó con una violenta represión por parte de la Policía capitalina en contra de las y los profesores, quienes llevaban varias semanas instalados en protesta pacífica en el Zócalo de la ciudad.

Me lo presentó Pável Blanco secretario general del PCM, durante una asamblea del Buró Político del Partido. Mi primera impresión fue de un hombre curtido en la lucha, de saludo firme y voz potente, recio en ideas y luchas como lo es la añeja tradición combativa oaxaqueña. Me dio detalles de lo que ocurría apenas a unas cuadras de donde estábamos. La consigna del magisterio era no moverse del Zócalo, no ceder ante las amenazas del Estado mexicano, y permanecer en el campamento hasta acabar con la reforma a la Educación. López Ortega era uno de los coordinadores de seguridad y reacción de los contingentes.

La segunda vez que lo vi fue un año después, durante el V Congreso Nacional del PCM, en Oaxaca. Era el responsable de la sede, el anfitrión. Poco después se convirtió en Secretario de Masas del Comité Central comunista.

Recuerdo sus palabras:

“Para el PCM está claro que en Oaxaca se están sintetizando las grandes contradicciones nacionales y en Oaxaca pronto desembocarán de una forma inesperada en un estallamiento y revueltas social que impactará en todo el territorio nacional”.

Y tenía razón de sobra para decirlo. En el 2006, López Ortega se convirtió en uno de los activos más valiosos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que paralizó a este Estado y movilizó a diversos sectores sociales del país, incluidos el PCM y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en solidaridad con lo que era un movimiento de resistencia directa contra el entonces gobernador Ulises Ruíz Ortíz.

Gustavo Adolfo López Ortega ahora está bajo amenaza. Y no es casual. Con Peña Nieto en la presidencia del país han sido asesinados siete comunistas. Todos en el Estado de Guerrero, principalmente en el año 2013. Uno de ellos, el dirigente estatal del PCM, Raymundo Velásquez Flores, quien, en compañía de Miguel Solano y Samuel Vargas Ramírez, fueron abatidos e incinerados por fuerzas paramilitares. Hasta la fecha no hay castigo a los culpables.

A razón de esto, los cuadros comunistas se han movilizado en varias partes de México exigiendo respeto a la vida de López Ortega. Hace poco hubo una campaña mediática local para vincularlo con un grupo guerrillero. Falso. Y aunque me queda claro que el profesor no es de quienes recula en la lucha; que son inamovibles sus convicciones por un país de justicia y libertad para la clase trabajadora de su amada Oaxaca y de todo el país, también es cierto que existe un mal precedente en el actuar del Estado mexicano contra sus opositores políticos, principalmente los más decididos.

Si la vida de Gustavo Adolfo López Ortega corre peligro, el responsable es el propio Gobierno nacional, y toca a éste garantizar que se respete la integridad del dirigente comunista, porque la batalla que él está dando, aunque directa, es abierta, es limpia y es justa. Y de paso, una lección para muchos, que miran en otros países supuestas faltas de libertades políticas, cuando en México ocurren cosas como éstas, estas sí, fieles acciones de una dictadura.

Ayotzinapa: Ha de ser culpa de sus madres


“Si mi renuncia resuelve el caso, no tengo inconveniente”, dijo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Lo dijo al respecto de la masacre de 8 estudiantes y 47 desaparecidos, 28 de los cuales podrían ser los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas de Palo Blanco, municipio de Iguala, donde ocurrió el crimen la madrugada del 27 de septiembre.

Pero para qué se molesta el gobernador.

Menos mal aclara que no le inconvendría renunciar.

Cuando sepa que merecería ser defenestrado y encarcelado por su responsabilidad en el crímen, esperemos lo siga tomando de la mejor manera.

Aunque quizá este acostumbrado.

Tomó el poder de Guerrero por primera vez de 1996 a 1999 en sustitución de su padrino político, el atroz Rubén Figueroa Alcocer. Desde ahí lo encubrió por su responsabilidad en la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995.

Luego salió del PRI y se fue al PRD.

De la mano de ‘Los Chuchos’ Jesús Zambrano, Jesús Ortega y el actual presidente perredista, Carlos Navarrete, se hizo de la candidatura al gobierno de Guerrero.

Y llegó.

Gracias también –que no se olvide-, al apoyo que le brindaron Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
Hoy AMLO quiere desentenderse de su responsabilidad por la actuación de Aguirre. Pero los guerrerenses tienen memoria.

Cómo olvidar aquel sentido abrazo que el hoy líder de Morena le dio al oscuro gobernante en la costa chica durante su campaña electoral. O de sus desayunos en Acapulco.

La llamada izquierda mexicana está manchada con la sangre de los estudiantes de Ayotzinapa.

También de los 13 luchadores sociales asesinados en Guerrero durante el 2013. Entre ellos, cinco militantes del Partido Comunista de México, incluido su líder en la entidad, Raymundo Velázquez. Perseguidos, torturados y calcinados en Coyuca, sin que hoy se deslinden culpables. Y qué hay de la dirigente de la Organización de Campesinos de la Sierra Sur, Rocío Mesino, acribillada a mansalva frente a su familia en Atoyac de Álvarez.

Pero dice el gobierno de Guerrero que fue el narco, que no han sido crímenes de Estado.

En contraste, el presidente de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares, ha denunciado que en Guerrero se utiliza a la delincuencia organizada para liquidar luchadores sociales.

Quizá por eso Aguirre se encuentre tan despreocupado. Durmiendo y comiendo como si Guerrero no se estuviera bañando en sangre y horror.

A fin de cuentas que no es su culpa, dice.

Que tampoco es de su amigo Enrique Peña Nieto.

Ni de AMLO, ni del PRD.

Ni de nadie.

Ha de ser culpa de sus madres que los parieron.

Las de los estudiantes. Que al mundo trajeron muchachos con el pecado imperdonable de nacer pobres y estudiar en Ayotzinapa para acabar con las injusticias cometidas en México por gente como Ángel Aguirre. – ALBERTO BUITRE

El comunista que mató Peña Nieto


ALBERTO BUITRE – Por la tarde del 5 de agosto de 2013, recibí una llamada del secretario general del Partido Comunista de México (PCM), Pável Blanco, informándome con voz calma, lo que siempre se teme pero nunca se espera de hombres curtidos a sangre y trabajo. Los habíamos visto, marchamos juntos, apenas una semana antes, el 26 de julio, en el 50 aniversario de la Revolución Cubana en la Ciudad de México. Habían pasado pocos días.. Recuerdo al final del trayecto, tomarían el autobús de regreso a casa, sólo por un rato, pues regresarían pronto a una reunión del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR). “Buenas tardes, camarada, con su permiso”, le dije, intentando atravesar el pasillo del camión. “Pásele, camarada”, me dijo Raymundo Velázquez, con su gorra azul y su paliacate rojo al cuello, como buen guerrerense. Saludándome sonriente sobre esa piel color de costa y montaña. A su lado estaba sentado Samuel Vargas. Habían pasado pocos días, y para cuando Pável me llamó, habían sido asesinados. Seguir leyendo “El comunista que mató Peña Nieto”