La mexicanización de Chile


Tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile hace un par de años para dar unas conferencias sobre la situación política en México, a un mes de ocurrida la masacre contra estudiantes de Ayotzinapa. Entonces dije a quienes me escucharon amablemente que el sistema de libre mercado que este país sostiene desde la dictadura de Pinochet, el cual ha sido reforzado por los gobiernos de la Alianza, la Concertación y la Nueva Mayoría, le abriría las puertas al narcotráfico.

He vuelto a pensar en esos días al leer acerca de la seguidilla de balaceras que están ocurriendo en la región de Valparaíso, Chile, que han dejado al momento tres muertos y 61 detenidos. El magazine digital El Ciudadano recoge las versiones que aseguran se trata de una guerra entre narcos locales. No ha faltado la opinión de quien traduce que, debido a esto, el país sudamericano se está ‘mexicanizando’, asumiendo que esto es un fenómeno propio de México donde se registran más de 23 mil muertes por la violencia del narco.

Por supuesto la referencia es exagerada. No se comparan ambos casos en tanto que México es el segundo país más violento del mundo, apenas debajo de Siria, según el informe 2017 del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres.

En México, la conjugación de un narco-estado es producto de una estructura que fue cediendo a lo largo de treinta años a los beneficios económicos y políticos que le otorgó el crimen organizado. En pos de mantener la llamada paz social, se toleró el trasiego de droga cuando las bandas de traficantes eran pequeñas comparadas con el poder del Estado. Sin embargo, el negocio creció al grado de los 450 millones de dólares de ganancia tan solo en la frontera con Estados Unidos, y esas pequeñas agrupaciones delincuenciales se convirtieron en los carteles inmensos que son ahora, operados con mega-estructuras administrativas al par de los mejores corporativos capitalistas del mundo, reconocidos hasta por la revista Forbes.

El poder económico del narco creció tanto que rápidamente fue cooptando al sistema político. Hoy en día, hay lugares de norte y sur de México donde no puede hacerse política sin el aval del jefe de plaza. Incluso la Iglesia recibe sus narco-limosnas y los capos levantan templos a manera de donativo.

La influencia de los carteles en el sistema político mexicano es irrefutable. Y así como la producción y distribución de drogas, la trata de personas, el secuestro, la piratería o la extorsión, ahora las elecciones y la administración pública se han convertido en parte de la diversificación financiera de los carteles.

Para ejemplificar esto he de decir que, en este preciso momento, once ex gobernadores mexicanos están siendo judicializados por delitos como asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o fraude. Y en los siguientes meses, seguramente aparecerán más.

Lo que hizo posible esto fue la corrupción. En esto no sólo hay implicaciones éticas, sino prácticas. Me explico:

Cuando hablamos de corrupción hablamos de un modelo de ganancia generada a costa de la explotación de otro. Al narco, la burguesía mexicana le otorgó la llave de la administración pública porque los carteles otorgan réditos económicos y políticos. El dinero producido por el crimen organizado es tanto que se encuentra entre las tres principales fuentes de ingreso en un país de 120 millones de habitantes. Al mismo tiempo, la violencia desatada por éste, somete la voluntad de las personas a la estrategia punitiva del Estado burgués, que a cambio de la obediencia ofrece seguridad. Así, con dinero fluctuante y una sociedad maniatada, el negocio está seguro ¿A qué político o empresario no le gusta esta combinación?

Cuando veo lo que ocurre en Valparaíso, reitero lo que dije en aquellos días en Santiago: el sistema político y económico en Chile es terreno fértil para que se reproduzca lo que en México hemos enfrentado por más de tres décadas.

Amen que no es casualidad que se suelten tales noticias alarmistas a meses de las elecciones presidenciales, que ocurrirán en el próximo noviembre. Los grandes capitales han lanzado de nuevo al ex presidente derechista Sebastián Piñera para un segundo mandato en el palacio de La Moneda. Por supuesto que la difusión de la violencia le beneficia, en tanto que el Estado puede ajustar las tuercas del control social. Esto me recuerda cuando en el 2012, los noticiarios mexicanos estaban copados de información sobre ejecuciones del narco y, al cabo de unos meses, Enrique Peña Nieto fue elegido presidente con el pretexto de que el PRI pacificaría al país. El resultado ha sido totalmente lo contrario.

Chile corre el riesgo de mexicanizarse, además, porque su sistema político ya le abrió las puertas a la corrupción.

En el país se ha ventilado que varios políticos han aceptado financiamiento de empresas, lo cual está prohibido por su legislación. Esto ya arroja un índice de descomposición. Pero quizá lo más grave ocupa al mismísimo Sebastián Piñera, candidato de los monopolios, quien se encuentra judicializado por hacer negocios privados aprovechando información privilegiada de su cargo como mandatario, según documentó el diario digital El Mostrador.

A través de su offshore Bancard, el líder del partido Renovación Nacional y dueño de las aerolíneas LAN invirtió en la empresa pesquera de origen peruano Exalmar, justo en el momento en el que Chile y Perú peleaban por límites marítimos en la Corte de La Haya en el año 2014. Conociendo lo que ocurriría, Piñera compró 9.10 por ciento de acciones de esa empresa peruana, que entonces tenía en su directorio a Pedro Pablo Kuzcynski, hoy presidente inca. ¿Y qué ocurrió? Perú ganó la demanda y Chile perdió 22 mil kilómetros de mar patrimonial, con lo que Piñera se hizo casi diez por ciento más rico.

Esa lógica es la que convirtió al mexicano en un Estado sometido al narco. Porque el dinero que proviene de este es insuperable y es fácil corromperse. Según la experiencia mexicana, la distancia es corta entre recibir dinero de una empresa y recibirlo de un cartel. Y es que de políticos como Piñera está lleno México, lo cual pone a Chile en riesgo de mexicanizarse si este accede de nuevo a la presidencia, como es su intención. Por tanto, deben saber mis queridos amigos chilenos y chilenas, que aquí enfrentamos una locura sin retorno que no debe repetirse en otro lugar. No permitan que los monopolios terminen por apoderarse del país. La dictadura con la que tendrían que lidiar será peor que Pinochet.

El héroe perfecto


Si le preguntaran a Gonzalo Rivas si quisiera la medalla Belisario Domínguez, ¿qué respondería? El personaje en cuestión actuó por pura humanidad y sin ánimos políticos, nos dicen, para salvar la vida de cientos de personas al intentar apagar una estación de gasolina que se encontraba en llamas en medio de un enfrentamiento entre policías y normalistas de Ayotzinapa ocurrido en la autopista México-Acapulco en el año 2011 (Por cierto, ¿se le puede llamar enfrentamiento a la pelea desigual entre un grupo artillado, y un puñado de estudiantes que, aunque furibundos, desarmados?).

Pero tal desinterés político, tan alto valor humano, arduo pregón de quienes encauzan la noble causa de entregar la medalla Belisario Domínguez —otorgada por el Senado de la República a ciudadanos notables de México — a Gonzalo Rivas, no es lo que a éstos caracteriza.

¿Quienes han tomado a Rivas como bandera? Las mismas y los mismos que por años han ocupado sus espacios de opinión para servir al poder. De fondo, quieren lo de siempre: Tener argumentos oficiales para criminalizar a la disidencia y, en este caso particular, justificar su tediosa rabia hacia los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Para aseverar esto valen dos ejemplos: Uno, el estilo de su mismísimo instigador, el recientemente finado Luis González de Alba quién, en sus columnas de opinión clamaba: “¿Y el asesinato de Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas que incendiaron –con nobles fines–, la gasolinera donde trabajaba?”…

¿Asesinato? ¿Quemado vivo? Cualquiera pensaría que un grupo de criminales, ataviados como estudiantes, tomaron al trabajador Gonzalo Rivas, le echaron gasolina encima y le prendieron fuego hasta dejarlo morir. ¿Pasó así? Tomemos la versión de uno de los principales pregoneros de la causa, Héctor Aguilar Camín, conocido intelectual orgánico del status quo quien, por sí mismo, relata que aquel día Gonzalo Rivas trató de apagar una estación de servicio cuando le explotó un depósito de plástico que, señala, los normalistas habían prendido mientras repelían la represión de la policía.

Ya sobre el escenario apocalíptico que presumía González de Alba y el Grupo Nexos sobre que la gasolinera entera pudo haber explotado entera y matado a cientos de personas de no ser por la acción de Gonzalo Rivas, el escritor Témoris Grecko se ha encargado de desmentir esta afirmación, dando detalles sobre las medidas de seguridad de estos abastecimientos a base de enfriamientos de emergencia que evitan, entre otras cosas, que cada gasolinera del país sea una bomba en potencia y el modo en el cual los instigadores anti-Ayotzinapa se hayan en problemas al intentar adjudicar a los normalistas la muerte del, sin duda, valiente trabajador. (“Grupo Nexos: cómo fabricar un héroe anti-Ayotzinapa”)

¿Gonzalo Rivas fue un héroe? Lo es cualquiera que intente salvarse de su propia muerte, o la de otros ¿Pero qué lo llevó a actuar así? Nadie lo sabe. Pero no lo mataron los normalistas, y el Gobierno no ha podido esclarecer la responsabilidad por el deceso. Ese es un hecho. Lo que a mi me llama la atención es el discurso de los fabricadores del presunto paladín anti-Ayotzinapa. Lleno de juicios de valor y sentencias planfletarias que denotan, por su irascibilidad, el montaje de una farsa bajo la cual se hayan oscuros intereses que exudan el conocido tufo de la preservación del Estado-sistema, y el afianzamiento de la impunidad oficial sobre dos hechos concretos: La masacre y desaparición de los 43 normalistas, y la represión a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a cuyos ocho de sus miembros mató la Policía Federal durante una protesta en Nochixtlán, Oaxaca, en el marco de la privatización de la educación pública en México.

Por eso no me queda duda que a Gonzalo Rivas le entregarán la medalla Belisario Domínguez, menos aún considerando que su designación se encuentra en el presente año bajo el resguardo del Partido Acción Nacional (PAN) —brazo derecho (literal) del Gobierno de Enrique Peña Nieto—. Por eso y porque el asunto ya se convirtió en un interés oficial. Alineados se encuentran los intelectuales integrados del Grupo Nexos, el PAN, el PRI y sus Partidos satélites, en un frente al que se ha sumado, esta semana, el poderoso monopolio Televisa, dándole juego al tema en sus principales noticiarios: particularmente el de Carlos Loret de Mola, figura matutina de los noticieros Televisa, a la sazón, uno de los principales alfiles mediáticos de la privatización de la educación pública mexicana, a la cual se han opuesto las y los estudiantes de Ayotzinapa y la CNTE.

Nada es casualidad. Al sistema le urgía un pretexto para desahogar sus culpas y han encontrado en el valiente trabajador Gonzálo Rivas a su héroe perfecto para su coartada perfecta. Lo que seguirá es una ofensiva para salvar a Enrique Peña Nieto y al secretario de Educación, Aurelio Nuño, de la imbatible resistencia de la CNTE, justificar una nueva represión y lograr el desmantelamiento del aparato educativo mexicano, vía la Reforma Educativa. 

¿Dónde están? No pueden manipular la verdad para siempre


El ser humano no tiene naturaleza, tiene historia, escribió Ortega y Gasset. Y esa historia no está predicha, sino que se va haciendo en el mismo flujo de su andar. Es decir que, nosotros y nosotras, personas, no tenemos un destino inamovible como lo tiene el árbol, cuya existencia milenaria consiste en derribar la lógica del espacio y alcanzar el cielo desde un pequeño punto bajo tierra. Es nuestro quehacer vivir, y día a día, construir nuestras propias raíces en el tiempo.

Es por ello, que tanta tragedia es para el roble ser talado con total desprecio a sus centurias, como corromper la historia de los pueblos que es –como enseñó Ortega y Gasset–, cortar la propia naturaleza del ser humano. Y esa es la escandalosa tristeza que nos hereda la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La madrugada del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, un comando armado disparó a quemarropa contra un autobús en el cual viajaban estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Aprehendieron a 43 de ellos y los desaparecieron. A la fecha, las respuestas en torno al caso, las resoluciones de justicia, así como la obligación del Gobierno mexicano de contar la verdad en torno al caso, están tan ausentes como los normalistas desaparecidos.

Han pasado dos años y los culpables no son presentados. Las versiones del Estado mexicano en torno a la quema de cuerpos en un basurero del municipio de Cocula y la responsabilidad del narcotráfico, se diluyen. La Procuraduría General de la República se ha encargado de descalificar sin fundamento científico las investigaciones de instancias objetivas como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la del Equipo Argentino de Antropología Forense que, entre otras cosas, esclareció casos igualmente macabros ocurridos durante los genocidios de las dictaduras militares de Chile y Argentina.

Se ha tendido un cerco de protección al Ejército y se ha negado cualquier posibilidad de indagación al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala en cuyo lugar se registró actividad del teléfono móvil del normalista Julio César López, durante y posterior a la noche de la masacre. Se desechó la presencia confirmada de un quinto autobús y nada se ha explicado sobre el lugar del cual sacó uno de los huesos de los normalistas el ex jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, hoy removido a la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad, sin responsabilidad alguna.

Cada uno de estos hechos, más los que aquí no alcanzan a ser descritos y que forman parte de una de las noches más oscuras en la historia de América, han transcurrido en total impunidad, como en sí nada se ha hecho de concreto para esclarecer la verdad en torno a la masacre. El pueblo mexicano yace víctima del ocultamiento, por un lado, y por el otro, de la manipulación por parte de las mismas voces que repiten por consigna que los normalistas “eran criminales” o que la desaparición de los 43 debe ser “superada”.

Sobre esa premisa se confirma lo que el Camilo José Cela denunció: “Hay dos clases de personas: quienes escriben la historia y quienes la padecen”. Por eso, lo que pasó en la noche de Iguala debe esclarecerse, antes que los culpables desaparezcan entre los escondrijos de la corrupción política, dejando otro rastro de sufrimiento que es el olvido, cuyo grito de dolor es igualmente silenciado que el del roble mutilado que, no obstante, permanece y tarde o temprano, volverá a emerger.

El Estado mexicano en guerra contra la CNTE


Descompuesto, con el sudor rompiendo las capas de maquillaje y la mirada clavada en el vacío…

… así luce Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública mexicano, cuando le toca referirse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización gremial que, desde hace tres años, sostiene una férrea oposición poítica y social contra la Reforma Educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual pretende privatizar el sistema educativo básico del país y liquidar los derechos laborales del magisterio.

Peña Nieto ha consignado a su secretario de educación la tarea de combatir a la CNTE y destrabar la imposición de la Reforma Educativa. Pero la realidad concreta indica que no ha podido con la encomienda. Seguir leyendo “El Estado mexicano en guerra contra la CNTE”

Vlog: Quieren que olvidemos Ayotzinapa


La más reciente entrega de mi Videoblog, a 6 meses de la masacre de Ayotzinapa donde 42 de los 43 estudiantes normalistas siguen desaparecidos y el Gobierno mexicano no sabe,  no puede,  no quiere dar respuestas a las familias de las victimas, al país, ni al mundo que sigue señalando la responsabilidad del Estado en este crimen de lesa humanidad.  No te olvides suscribirte al canal y dar tus comentarios http://youtube.com/user/albertobuitre/

Ayotzinapa: Todo menos el Ejército


“Que nos van a rendir, va a estar difícil”.

Eso dijo al noticiario de Carmen Aristegui el estudiante Omar García, uno de los sobrevivientes de los ataques policíacos contra los miembros de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, del pasado 26 de septiembre de 2014.

Lo dijo ante el carpetazo que quiere dar el Gobierno de México a la masacre de la cual derivaron el asesinato de 6 estudiantes y desaparición de 43, uno de los cuales, Alexander Mora Venancio, es el único cuya muerte ya ha sido acreditada.

Han pasado 4 meses y la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha atinado a dar versiones inconsistentes respecto al caso; y al mismo tiempo, intentar cerrarlo dando como “verdad histórica”, el asesinato, mutilación y posterior incineración de los normalistas, en voz del propio procurador Jesús Murillo Karam, quien, ufano, salió a declarar eso en conferencia de prensa el pasado martes 27. “Está clarísimo”, dijo.

Al mismo tiempo, los padres y familiares de los normalistas expusieron en una conferencia alterna, 10 puntos sobre los cuales fundan sus razones por las cuales el caso Ayotzinapa, no sólo sigue abierto, sino que apuntan a un mal trabajo de la PGR. Malo, por decir lo menos.

El punto número 9 de los expuestos por los padres y familiares, se encuentra el que tiene qué ver con la responsabilidad del Ejército mexicano en la masacre.

Señalan las víctimas:

“No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, puesto que en el expediente hay indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó, ante el Ministerio Público, que el Ejército sabía desde 2013 que Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula.”

Además que el testimonio de Omar García da cuenta que efectivos militares adscritos al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala los interrogaron, les tomaron fotografías y amenazaron, cuando los normalistas se encontraban en la clínica “Cristina” rogando porque se atendiera a los heridos. Al mismo tiempo, los soldados no intervinieron en auxilio a los estudiantes, a pesar de los gritos de auxilio ni por encontrarse en una zona circunvecina al cuartel.

“¡Callense! ¡Ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, y pues ahora aguántense y éntrenle”, relató Omar García a diversos medios mexicanos y extanjeros.

Además, el testimonio de Rafael López Catarino, padre del normalista desaparecido Julio César López, refiere que el GPS del celular de su hijo indicó que el último lugar donde estuvo antes de desaparecer, fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

“Estamos enfocados a los militares. El celular de mi hijo, su GPS dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala. Por eso ellos participaron, ellos saben dónde están los muchachos”, dijo.

López Catarino reveló que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS.

Y todo apuntó al Ejército.

Pero esto ha sido omitido como versión oficial. Ni los medios ni el sistema político se ha atrevido a respaldar las investigaciones independientes de los padres de los normalistas, cuyas pruebas también piden indagar al Ejército. Una versión que se perfila como única al estar a la vera de cuatro meses -¡cuatro meses!- sin que se sepa de los muchachos.

Que la PGR excluya al Ejército de sus investigaciones, es pedir que el Estado mexicano se investigue a sí mismo, me dijo el segundo secretario del Partido Comunista de México (PCM), Diego Torres, quien menciona, al mismo tiempo, cómo las autoridades judiciales han omitido investigar casos como las ejecuciones militares en Tlatlaya, Estado de México, o en Michoacán. Asi como el paramilitarismo en el Estado de Guerrero, sede de la masacre de Iguala, así como de cinco ejecuciones más sin resolver de militantes comunistas en el muncipio de Coyuca de Benítez, durante el año 2013.

“Todos ellos son asuntos violatorios de la supuesta justicia que defiende el aparato estatal, donde se ocultan y solapan responsabilidades, los juicios grises de la administración militar se efectúan lejos del escrutinio nacional e internacional entre los muros del Campo Militar 1”, dijo, en tanto subrayó que, pese a estas evidencias, este tipo de crímenes se siguen cometiendo.

En suma, si el Estado mexicano no investiga a sus aparatos es para no ponerse a sí mismo en una crisis, menos aún, frente a las crecientes protestas y manifestaciones anti sistémicas, cada vez más radicales. Así fue que padres, familiares y pueblo acudieron al cuartel militar de Iguala el 12 de enero, y con un tráiler derribaron la reja del batallón, suscitándose un enfrentamiento con los soldados.

El propósito de las víctimas era tan simple como determinante: A los normalistas podría tenerlos el Ejército, y hubo que acudir los cuarteles. Y no era la primera vez que llegaban a las puertas de la sede castrense. Antes del enfrentamiento del 12 de enero, ya había ocurrido una manifestación importante frente al 27 Batallón de Iguala el 26 de diciembre. Simpatizantes de la causa Ayotzinapa pintaron los muros del cuartel. “Aquí están los asesinos”, se leyó.

Para el 15 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo que “evaluaría” que se abriera sólo el cuartel de Iguala. Algo que no ha ocurrido. En tanto, las versiones oficiales y los medios de comunicación asociados al poder se cuidan mucho de no involucrar el nombre del Ejército en el tema Ayotzinapa, aún si los propios padres y familiares insisten en la necesidad de abrir una línea de investigación hacia dicha institución.

Esto ocurre así, me dice Diego Torres, dirigente del PC mexicano, ya que el Estado procura evitar que escale una confrontación que lo ponga en riesgo de caer. En ese sentido, el Ejército es la “última línea de resistencia de la clase opresora”. Involucrar a los militares, significaría exponer su último bastión de poder.

“El problema para la burguesía es como evitar que se dé una confrontación que socave y a la larga determine la caída del gobierno, la caída del Estado mismo, una crisis de su aparato de dominación completo. Por ello los medios no tienen empacho en prestarse a los juegos electorales de sus clientes, o en expresar sus intereses de negocio directamente lanzando a veces fuego sobre las casas blancas y los actos de corrupción de Peña Nieto y otras veces desnudando la colusión del PRD con el narcotráfico, etcétera; pero se cuidan mucho de exponer al Ejército. Presidentes van y vienen, pero el ejército es la última línea de resistencia de la clase opresora.”

En ese sentido, el periódico MILENIO, publicó apenas el pasado 26 de enero un reportaje titulado “El Ejército en la noche de Iguala” en donde entrevista a solados no identificados quienes niegan las imputaciones hechas por los normalistas. El texto muestra a un Ejército acomedido a auxiliar a los estudiantes, llamando a ambulancias y custodiando los cuerpos abatidos.