Ayotzinapa: Todo menos el Ejército


“Que nos van a rendir, va a estar difícil”.

Eso dijo al noticiario de Carmen Aristegui el estudiante Omar García, uno de los sobrevivientes de los ataques policíacos contra los miembros de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, del pasado 26 de septiembre de 2014.

Lo dijo ante el carpetazo que quiere dar el Gobierno de México a la masacre de la cual derivaron el asesinato de 6 estudiantes y desaparición de 43, uno de los cuales, Alexander Mora Venancio, es el único cuya muerte ya ha sido acreditada.

Han pasado 4 meses y la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha atinado a dar versiones inconsistentes respecto al caso; y al mismo tiempo, intentar cerrarlo dando como “verdad histórica”, el asesinato, mutilación y posterior incineración de los normalistas, en voz del propio procurador Jesús Murillo Karam, quien, ufano, salió a declarar eso en conferencia de prensa el pasado martes 27. “Está clarísimo”, dijo.

Al mismo tiempo, los padres y familiares de los normalistas expusieron en una conferencia alterna, 10 puntos sobre los cuales fundan sus razones por las cuales el caso Ayotzinapa, no sólo sigue abierto, sino que apuntan a un mal trabajo de la PGR. Malo, por decir lo menos.

El punto número 9 de los expuestos por los padres y familiares, se encuentra el que tiene qué ver con la responsabilidad del Ejército mexicano en la masacre.

Señalan las víctimas:

“No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, puesto que en el expediente hay indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó, ante el Ministerio Público, que el Ejército sabía desde 2013 que Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula.”

Además que el testimonio de Omar García da cuenta que efectivos militares adscritos al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala los interrogaron, les tomaron fotografías y amenazaron, cuando los normalistas se encontraban en la clínica “Cristina” rogando porque se atendiera a los heridos. Al mismo tiempo, los soldados no intervinieron en auxilio a los estudiantes, a pesar de los gritos de auxilio ni por encontrarse en una zona circunvecina al cuartel.

“¡Callense! ¡Ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, y pues ahora aguántense y éntrenle”, relató Omar García a diversos medios mexicanos y extanjeros.

Además, el testimonio de Rafael López Catarino, padre del normalista desaparecido Julio César López, refiere que el GPS del celular de su hijo indicó que el último lugar donde estuvo antes de desaparecer, fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

“Estamos enfocados a los militares. El celular de mi hijo, su GPS dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala. Por eso ellos participaron, ellos saben dónde están los muchachos”, dijo.

López Catarino reveló que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS.

Y todo apuntó al Ejército.

Pero esto ha sido omitido como versión oficial. Ni los medios ni el sistema político se ha atrevido a respaldar las investigaciones independientes de los padres de los normalistas, cuyas pruebas también piden indagar al Ejército. Una versión que se perfila como única al estar a la vera de cuatro meses -¡cuatro meses!- sin que se sepa de los muchachos.

Que la PGR excluya al Ejército de sus investigaciones, es pedir que el Estado mexicano se investigue a sí mismo, me dijo el segundo secretario del Partido Comunista de México (PCM), Diego Torres, quien menciona, al mismo tiempo, cómo las autoridades judiciales han omitido investigar casos como las ejecuciones militares en Tlatlaya, Estado de México, o en Michoacán. Asi como el paramilitarismo en el Estado de Guerrero, sede de la masacre de Iguala, así como de cinco ejecuciones más sin resolver de militantes comunistas en el muncipio de Coyuca de Benítez, durante el año 2013.

“Todos ellos son asuntos violatorios de la supuesta justicia que defiende el aparato estatal, donde se ocultan y solapan responsabilidades, los juicios grises de la administración militar se efectúan lejos del escrutinio nacional e internacional entre los muros del Campo Militar 1”, dijo, en tanto subrayó que, pese a estas evidencias, este tipo de crímenes se siguen cometiendo.

En suma, si el Estado mexicano no investiga a sus aparatos es para no ponerse a sí mismo en una crisis, menos aún, frente a las crecientes protestas y manifestaciones anti sistémicas, cada vez más radicales. Así fue que padres, familiares y pueblo acudieron al cuartel militar de Iguala el 12 de enero, y con un tráiler derribaron la reja del batallón, suscitándose un enfrentamiento con los soldados.

El propósito de las víctimas era tan simple como determinante: A los normalistas podría tenerlos el Ejército, y hubo que acudir los cuarteles. Y no era la primera vez que llegaban a las puertas de la sede castrense. Antes del enfrentamiento del 12 de enero, ya había ocurrido una manifestación importante frente al 27 Batallón de Iguala el 26 de diciembre. Simpatizantes de la causa Ayotzinapa pintaron los muros del cuartel. “Aquí están los asesinos”, se leyó.

Para el 15 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo que “evaluaría” que se abriera sólo el cuartel de Iguala. Algo que no ha ocurrido. En tanto, las versiones oficiales y los medios de comunicación asociados al poder se cuidan mucho de no involucrar el nombre del Ejército en el tema Ayotzinapa, aún si los propios padres y familiares insisten en la necesidad de abrir una línea de investigación hacia dicha institución.

Esto ocurre así, me dice Diego Torres, dirigente del PC mexicano, ya que el Estado procura evitar que escale una confrontación que lo ponga en riesgo de caer. En ese sentido, el Ejército es la “última línea de resistencia de la clase opresora”. Involucrar a los militares, significaría exponer su último bastión de poder.

“El problema para la burguesía es como evitar que se dé una confrontación que socave y a la larga determine la caída del gobierno, la caída del Estado mismo, una crisis de su aparato de dominación completo. Por ello los medios no tienen empacho en prestarse a los juegos electorales de sus clientes, o en expresar sus intereses de negocio directamente lanzando a veces fuego sobre las casas blancas y los actos de corrupción de Peña Nieto y otras veces desnudando la colusión del PRD con el narcotráfico, etcétera; pero se cuidan mucho de exponer al Ejército. Presidentes van y vienen, pero el ejército es la última línea de resistencia de la clase opresora.”

En ese sentido, el periódico MILENIO, publicó apenas el pasado 26 de enero un reportaje titulado “El Ejército en la noche de Iguala” en donde entrevista a solados no identificados quienes niegan las imputaciones hechas por los normalistas. El texto muestra a un Ejército acomedido a auxiliar a los estudiantes, llamando a ambulancias y custodiando los cuerpos abatidos.

Ayotzinapa: Ha de ser culpa de sus madres


“Si mi renuncia resuelve el caso, no tengo inconveniente”, dijo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Lo dijo al respecto de la masacre de 8 estudiantes y 47 desaparecidos, 28 de los cuales podrían ser los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas de Palo Blanco, municipio de Iguala, donde ocurrió el crimen la madrugada del 27 de septiembre.

Pero para qué se molesta el gobernador.

Menos mal aclara que no le inconvendría renunciar.

Cuando sepa que merecería ser defenestrado y encarcelado por su responsabilidad en el crímen, esperemos lo siga tomando de la mejor manera.

Aunque quizá este acostumbrado.

Tomó el poder de Guerrero por primera vez de 1996 a 1999 en sustitución de su padrino político, el atroz Rubén Figueroa Alcocer. Desde ahí lo encubrió por su responsabilidad en la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995.

Luego salió del PRI y se fue al PRD.

De la mano de ‘Los Chuchos’ Jesús Zambrano, Jesús Ortega y el actual presidente perredista, Carlos Navarrete, se hizo de la candidatura al gobierno de Guerrero.

Y llegó.

Gracias también –que no se olvide-, al apoyo que le brindaron Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
Hoy AMLO quiere desentenderse de su responsabilidad por la actuación de Aguirre. Pero los guerrerenses tienen memoria.

Cómo olvidar aquel sentido abrazo que el hoy líder de Morena le dio al oscuro gobernante en la costa chica durante su campaña electoral. O de sus desayunos en Acapulco.

La llamada izquierda mexicana está manchada con la sangre de los estudiantes de Ayotzinapa.

También de los 13 luchadores sociales asesinados en Guerrero durante el 2013. Entre ellos, cinco militantes del Partido Comunista de México, incluido su líder en la entidad, Raymundo Velázquez. Perseguidos, torturados y calcinados en Coyuca, sin que hoy se deslinden culpables. Y qué hay de la dirigente de la Organización de Campesinos de la Sierra Sur, Rocío Mesino, acribillada a mansalva frente a su familia en Atoyac de Álvarez.

Pero dice el gobierno de Guerrero que fue el narco, que no han sido crímenes de Estado.

En contraste, el presidente de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares, ha denunciado que en Guerrero se utiliza a la delincuencia organizada para liquidar luchadores sociales.

Quizá por eso Aguirre se encuentre tan despreocupado. Durmiendo y comiendo como si Guerrero no se estuviera bañando en sangre y horror.

A fin de cuentas que no es su culpa, dice.

Que tampoco es de su amigo Enrique Peña Nieto.

Ni de AMLO, ni del PRD.

Ni de nadie.

Ha de ser culpa de sus madres que los parieron.

Las de los estudiantes. Que al mundo trajeron muchachos con el pecado imperdonable de nacer pobres y estudiar en Ayotzinapa para acabar con las injusticias cometidas en México por gente como Ángel Aguirre. – ALBERTO BUITRE

El comunista que mató Peña Nieto


ALBERTO BUITRE – Por la tarde del 5 de agosto de 2013, recibí una llamada del secretario general del Partido Comunista de México (PCM), Pável Blanco, informándome con voz calma, lo que siempre se teme pero nunca se espera de hombres curtidos a sangre y trabajo. Los habíamos visto, marchamos juntos, apenas una semana antes, el 26 de julio, en el 50 aniversario de la Revolución Cubana en la Ciudad de México. Habían pasado pocos días.. Recuerdo al final del trayecto, tomarían el autobús de regreso a casa, sólo por un rato, pues regresarían pronto a una reunión del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR). “Buenas tardes, camarada, con su permiso”, le dije, intentando atravesar el pasillo del camión. “Pásele, camarada”, me dijo Raymundo Velázquez, con su gorra azul y su paliacate rojo al cuello, como buen guerrerense. Saludándome sonriente sobre esa piel color de costa y montaña. A su lado estaba sentado Samuel Vargas. Habían pasado pocos días, y para cuando Pável me llamó, habían sido asesinados. Seguir leyendo “El comunista que mató Peña Nieto”

Guerrero: Indígenas y campesinos en resistencia contra mineras canadienses


Más de 300 kilómetros a pie desde Guerrero hasta el Distrito Federal recorrió una delegación de noventa campesinos e indígenas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) en representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), para manifestarse en contra de la imposición de mineras canadienses en las regiones de La Montaña y la Costa Chica de este Estado suroccidental de México.

La delegación partió el pasado viernes 12 del municipio de Malinaltepec y llegó el lunes 15 a la capital mexicana, buscando reunirse con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para entregarle sus demandas en contra la instalación de las mineras a las que, no obstante, la Presidencia de la República entregó ya más de 26 concesiones de extracción en 32 de los 42 puntos mineros a lo largo de 200 mil hectáreas de zona minera guerrerense , provocando la devastación natural y privatización de zonas comunales en detrimento de la organización, cultura y territorio indígena de este estado.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC, -organización ganadora del Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en el 2011-, actualmente existe en Guerrero “una explotación desmedida de los minerales que se encuentran en el llamado Cinturón de Plata de la Sierra Madre del Sur”.

Tlachinollán detalla que algunas de las concesiones mineras en esta región son “La Diana” con una superficie de 15 mil hectáreas otorgada a la empresa canadiense CAMSIM, la cual afectará a los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Iliatenco, Paraje Montero y Malinaltepec; además de la llamada “Corazón de Tinieblas”, con una superficie de 50 mil hectáreas concesionada a la empresa inglesa HOCHSCHILD, la cual afectará a los núcleos agrarios Totomixtlahuaca, Acatepec, Tenamazapa, Pascala del Oro, Colombia Guadalupe, Iliatenco, Tierra Colorada, Tilapa y San Miguel del Progreso.

“Los mecanismos para el otorgamiento de títulos de concesión para la extracción de minas en territorios indígenas viola de manera flagrante los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución (…) como son “el derecho a la consulta previa libre e informada, el derecho a la preservación del territorio y los recursos naturales, el derecho a conservar y mejorar el hábitat y la preservación de las tierras, así como su derecho a la planeación, utilización, administración y conservación colectiva de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Además de lesionar gravemente el ecosistema de estas regiones, la minería ha significado “esclavitud y muerte” para los pueblos de Guerrero, denuncia Tlachinollan. Esto motivó que la LARSEZ dispusiera su marcha justo el 12 de octubre que “marca para nosotros el inicio del despojo, asesinato, discriminación y arrasamiento de los pueblos originarios, y a quinientos años de eso, nosotros venimos a decirle al Gobierno que existimos, que vivimos”, dijo en entrevista a pie de la marcha, Raymundo Velásquez Flores, dirigente de la organización.

La marcha-comisión es integrada por campesinos, indígenas, profesores y estudiantes de los municipios de Malinaltepec, de la región de La Montaña, Atoyac de Alvarez y Coyuca de Benítez de la Costa Grande y San Luis Acatlán de la Costa Chica, y fue recibida por el senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, quien, a su vez, les prometió una reunión con la Secretaria de Gobernación sin que a la fecha exista fecha disponible para el encuentro.

De acuerdo con datos expuestos por la Cámara Minera de México, las mineras canadienses son el cuarto corporativo extranjero con más inversión en el país, y son los dueños de la exploración y explotación de oro y plata en estados como Chihuahua, Baja California, Durango, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Chiapas, según sus registros. De estas, la industria Goldcorp Inc, es dueña de un tercio de la producción total, incluida la mina Los Filos en Guerrero con un saldo de más de seis toneladas de oro anuales, con pretensiones de expansión hacia las comunidades dominadas por la LARSEZ.

Hace unos días, más de cinco mil indígenas y campesinos pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) se reunieron en la comunidad de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, en la región Tlapaneca, para rechazar la instalación de las mineras canadienses en la zona y establecer medidas de resistencia.

Ahí, se negaron a la venta de las tierras comunales según es el proyecto del Gobierno de México para que las mineras puedan instalarse en el territorio. Eso significaría el derribo de asentamientos como panteones, iglesias, escuelas, tierra agrícola y casas de uso cotidiano, para el posterior desplazamiento de las comunidades.

“Nosotros ya hemos tenido experiencias con otras empresas de explotación de minas y lo que ha arroja es muerte. Y a final de cuentas ni pagan la tierra. Nosotros no queremos sacar a nuestros muertos de nuestros panteones, de nuestras iglesias. Nosotros nos regimos por usos y costumbres y ahí (donde se pretenden instalar las nuevas mineras) es donde estamos nosotros”.

La intención de la LARSEZ es quedarse en la Ciudad de México hasta reunirse con el secretario Poiré y definir una solución al conflicto por la instalación de las mineras ante las cuales, afirma Raymundo Velásquez, los indígenas y campesinos guerrerenses no dudan en plantar una resistencia efectiva. Tras lo obtenido, regresarán a sus comunidades e informarán a su pueblo que ya se organiza de la mano de la CARC-PC.

por @albertobuitre
Publicado en Los Ángeles Press

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