Hacer como los de Nissan: La ruta para cambiar de verdad a México


Una cosa es considerar que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México (si ocurriese y no hay fraude electoral) será un paliativo; pero otra muy diferente es ser ingenuo y tragarse el cuento de que eso resolverá de facto la crisis de este país. Es necesario repetir una y otra vez, y cuantas veces sea necesario, que la descomposición que enfrenta esta nación no solamente se debe a la existencia de una “mafia del poder” y que esto se compondrá únicamente con un modo honesto de gobernar. Elegir en entre el mal jefe y el buen jefe es un espejismo en tanto que el problema de fondo es que mi salario no alcanza, que no me pagan prestaciones, que debo tener dos o más empleos para sobrevivir y que el dueño de la empresa está llevándose toda la plusvalía de lo que yo estoy produciendo. En efecto, hay que repetirlo sin cansancio: el mal de males de México es el capitalismo. Sigue leyendo

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Surge el Congreso de la Juventud Rebelde – Jóvenes de Latinoamérica se reúnen en Colombia

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  La organización Juventud Rebelde lleva a cabo del 6 al 8 de abril su Congreso Constitutivo en Bogotá con 2000 personas delegadas de diferentes organizaciones sociales de todo el país. El evento se llevará a cabo bajo la consigna “somos el sueño de Bolívar despertando, somos la segunda y definitiva independencia”, como una organización … Sigue leyendo

Comunistas bajo amenaza


Gustavo Adolfo López Ortega es un líder de la insurgencia magisterial en Oaxaca y dirigente en ese Estado del Partido Comunista de México (PCM). El pasado domingo 22 de marzo, dos sujetos armados lo interceptaron cuando transitaba por la capital oaxaqueña; lo golpearon y lo amenazaron de muerte: “Esta es la última advertencia”, le dijeron.

Gustavo Adolfo López Ortega. Comunista bajo amenaza. FOTO: PCM

Gustavo Adolfo López Ortega. Comunista bajo amenaza. FOTO: PCM

Lo conocí en el año 2013 durante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México. Valga recordar que tales manifestaciones en contra de la privatización de la educación pública en México y la liquidación de derechos laborales del magisterio, terminó con una violenta represión por parte de la Policía capitalina en contra de las y los profesores, quienes llevaban varias semanas instalados en protesta pacífica en el Zócalo de la ciudad.

Me lo presentó Pável Blanco secretario general del PCM, durante una asamblea del Buró Político del Partido. Mi primera impresión fue de un hombre curtido en la lucha, de saludo firme y voz potente, recio en ideas y luchas como lo es la añeja tradición combativa oaxaqueña. Me dio detalles de lo que ocurría apenas a unas cuadras de donde estábamos. La consigna del magisterio era no moverse del Zócalo, no ceder ante las amenazas del Estado mexicano, y permanecer en el campamento hasta acabar con la reforma a la Educación. López Ortega era uno de los coordinadores de seguridad y reacción de los contingentes.

La segunda vez que lo vi fue un año después, durante el V Congreso Nacional del PCM, en Oaxaca. Era el responsable de la sede, el anfitrión. Poco después se convirtió en Secretario de Masas del Comité Central comunista.

Recuerdo sus palabras:

“Para el PCM está claro que en Oaxaca se están sintetizando las grandes contradicciones nacionales y en Oaxaca pronto desembocarán de una forma inesperada en un estallamiento y revueltas social que impactará en todo el territorio nacional”.

Y tenía razón de sobra para decirlo. En el 2006, López Ortega se convirtió en uno de los activos más valiosos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que paralizó a este Estado y movilizó a diversos sectores sociales del país, incluidos el PCM y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en solidaridad con lo que era un movimiento de resistencia directa contra el entonces gobernador Ulises Ruíz Ortíz.

Gustavo Adolfo López Ortega ahora está bajo amenaza. Y no es casual. Con Peña Nieto en la presidencia del país han sido asesinados siete comunistas. Todos en el Estado de Guerrero, principalmente en el año 2013. Uno de ellos, el dirigente estatal del PCM, Raymundo Velásquez Flores, quien, en compañía de Miguel Solano y Samuel Vargas Ramírez, fueron abatidos e incinerados por fuerzas paramilitares. Hasta la fecha no hay castigo a los culpables.

A razón de esto, los cuadros comunistas se han movilizado en varias partes de México exigiendo respeto a la vida de López Ortega. Hace poco hubo una campaña mediática local para vincularlo con un grupo guerrillero. Falso. Y aunque me queda claro que el profesor no es de quienes recula en la lucha; que son inamovibles sus convicciones por un país de justicia y libertad para la clase trabajadora de su amada Oaxaca y de todo el país, también es cierto que existe un mal precedente en el actuar del Estado mexicano contra sus opositores políticos, principalmente los más decididos.

Si la vida de Gustavo Adolfo López Ortega corre peligro, el responsable es el propio Gobierno nacional, y toca a éste garantizar que se respete la integridad del dirigente comunista, porque la batalla que él está dando, aunque directa, es abierta, es limpia y es justa. Y de paso, una lección para muchos, que miran en otros países supuestas faltas de libertades políticas, cuando en México ocurren cosas como éstas, estas sí, fieles acciones de una dictadura.

Ayotzinapa: Todo menos el Ejército


“Que nos van a rendir, va a estar difícil”.

Eso dijo al noticiario de Carmen Aristegui el estudiante Omar García, uno de los sobrevivientes de los ataques policíacos contra los miembros de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, del pasado 26 de septiembre de 2014.

Lo dijo ante el carpetazo que quiere dar el Gobierno de México a la masacre de la cual derivaron el asesinato de 6 estudiantes y desaparición de 43, uno de los cuales, Alexander Mora Venancio, es el único cuya muerte ya ha sido acreditada.

Han pasado 4 meses y la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha atinado a dar versiones inconsistentes respecto al caso; y al mismo tiempo, intentar cerrarlo dando como “verdad histórica”, el asesinato, mutilación y posterior incineración de los normalistas, en voz del propio procurador Jesús Murillo Karam, quien, ufano, salió a declarar eso en conferencia de prensa el pasado martes 27. “Está clarísimo”, dijo.

Al mismo tiempo, los padres y familiares de los normalistas expusieron en una conferencia alterna, 10 puntos sobre los cuales fundan sus razones por las cuales el caso Ayotzinapa, no sólo sigue abierto, sino que apuntan a un mal trabajo de la PGR. Malo, por decir lo menos.

El punto número 9 de los expuestos por los padres y familiares, se encuentra el que tiene qué ver con la responsabilidad del Ejército mexicano en la masacre.

Señalan las víctimas:

“No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, puesto que en el expediente hay indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó, ante el Ministerio Público, que el Ejército sabía desde 2013 que Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula.”

Además que el testimonio de Omar García da cuenta que efectivos militares adscritos al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala los interrogaron, les tomaron fotografías y amenazaron, cuando los normalistas se encontraban en la clínica “Cristina” rogando porque se atendiera a los heridos. Al mismo tiempo, los soldados no intervinieron en auxilio a los estudiantes, a pesar de los gritos de auxilio ni por encontrarse en una zona circunvecina al cuartel.

“¡Callense! ¡Ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, y pues ahora aguántense y éntrenle”, relató Omar García a diversos medios mexicanos y extanjeros.

Además, el testimonio de Rafael López Catarino, padre del normalista desaparecido Julio César López, refiere que el GPS del celular de su hijo indicó que el último lugar donde estuvo antes de desaparecer, fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

“Estamos enfocados a los militares. El celular de mi hijo, su GPS dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala. Por eso ellos participaron, ellos saben dónde están los muchachos”, dijo.

López Catarino reveló que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS.

Y todo apuntó al Ejército.

Pero esto ha sido omitido como versión oficial. Ni los medios ni el sistema político se ha atrevido a respaldar las investigaciones independientes de los padres de los normalistas, cuyas pruebas también piden indagar al Ejército. Una versión que se perfila como única al estar a la vera de cuatro meses -¡cuatro meses!- sin que se sepa de los muchachos.

Que la PGR excluya al Ejército de sus investigaciones, es pedir que el Estado mexicano se investigue a sí mismo, me dijo el segundo secretario del Partido Comunista de México (PCM), Diego Torres, quien menciona, al mismo tiempo, cómo las autoridades judiciales han omitido investigar casos como las ejecuciones militares en Tlatlaya, Estado de México, o en Michoacán. Asi como el paramilitarismo en el Estado de Guerrero, sede de la masacre de Iguala, así como de cinco ejecuciones más sin resolver de militantes comunistas en el muncipio de Coyuca de Benítez, durante el año 2013.

“Todos ellos son asuntos violatorios de la supuesta justicia que defiende el aparato estatal, donde se ocultan y solapan responsabilidades, los juicios grises de la administración militar se efectúan lejos del escrutinio nacional e internacional entre los muros del Campo Militar 1”, dijo, en tanto subrayó que, pese a estas evidencias, este tipo de crímenes se siguen cometiendo.

En suma, si el Estado mexicano no investiga a sus aparatos es para no ponerse a sí mismo en una crisis, menos aún, frente a las crecientes protestas y manifestaciones anti sistémicas, cada vez más radicales. Así fue que padres, familiares y pueblo acudieron al cuartel militar de Iguala el 12 de enero, y con un tráiler derribaron la reja del batallón, suscitándose un enfrentamiento con los soldados.

El propósito de las víctimas era tan simple como determinante: A los normalistas podría tenerlos el Ejército, y hubo que acudir los cuarteles. Y no era la primera vez que llegaban a las puertas de la sede castrense. Antes del enfrentamiento del 12 de enero, ya había ocurrido una manifestación importante frente al 27 Batallón de Iguala el 26 de diciembre. Simpatizantes de la causa Ayotzinapa pintaron los muros del cuartel. “Aquí están los asesinos”, se leyó.

Para el 15 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo que “evaluaría” que se abriera sólo el cuartel de Iguala. Algo que no ha ocurrido. En tanto, las versiones oficiales y los medios de comunicación asociados al poder se cuidan mucho de no involucrar el nombre del Ejército en el tema Ayotzinapa, aún si los propios padres y familiares insisten en la necesidad de abrir una línea de investigación hacia dicha institución.

Esto ocurre así, me dice Diego Torres, dirigente del PC mexicano, ya que el Estado procura evitar que escale una confrontación que lo ponga en riesgo de caer. En ese sentido, el Ejército es la “última línea de resistencia de la clase opresora”. Involucrar a los militares, significaría exponer su último bastión de poder.

“El problema para la burguesía es como evitar que se dé una confrontación que socave y a la larga determine la caída del gobierno, la caída del Estado mismo, una crisis de su aparato de dominación completo. Por ello los medios no tienen empacho en prestarse a los juegos electorales de sus clientes, o en expresar sus intereses de negocio directamente lanzando a veces fuego sobre las casas blancas y los actos de corrupción de Peña Nieto y otras veces desnudando la colusión del PRD con el narcotráfico, etcétera; pero se cuidan mucho de exponer al Ejército. Presidentes van y vienen, pero el ejército es la última línea de resistencia de la clase opresora.”

En ese sentido, el periódico MILENIO, publicó apenas el pasado 26 de enero un reportaje titulado “El Ejército en la noche de Iguala” en donde entrevista a solados no identificados quienes niegan las imputaciones hechas por los normalistas. El texto muestra a un Ejército acomedido a auxiliar a los estudiantes, llamando a ambulancias y custodiando los cuerpos abatidos.

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Militante comunista


Militante comunista. Agita su bandera frente a la representación del gobierno del Estado de Guerrero en la Ciudad de México, en la protesta del Partido Comunista de México por la masacre de seis estudiantes y desaparición de 47 de la Normal Rural de Ayotzinapa.  Foto: Alberto Buitre, 5 de octubre de 2014.

Militante comunista. Agita su bandera frente a la representación del gobierno del Estado de Guerrero en la Ciudad de México, en la protesta del Partido Comunista de México por la masacre de seis estudiantes y desaparición de 47 de la Normal Rural de Ayotzinapa. Foto: Alberto Buitre, 5 de octubre de 2014.