“Que nos van a rendir, va a estar difícil”.

Eso dijo al noticiario de Carmen Aristegui el estudiante Omar García, uno de los sobrevivientes de los ataques policíacos contra los miembros de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, del pasado 26 de septiembre de 2014.

Lo dijo ante el carpetazo que quiere dar el Gobierno de México a la masacre de la cual derivaron el asesinato de 6 estudiantes y desaparición de 43, uno de los cuales, Alexander Mora Venancio, es el único cuya muerte ya ha sido acreditada.

Han pasado 4 meses y la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha atinado a dar versiones inconsistentes respecto al caso; y al mismo tiempo, intentar cerrarlo dando como “verdad histórica”, el asesinato, mutilación y posterior incineración de los normalistas, en voz del propio procurador Jesús Murillo Karam, quien, ufano, salió a declarar eso en conferencia de prensa el pasado martes 27. “Está clarísimo”, dijo.

Al mismo tiempo, los padres y familiares de los normalistas expusieron en una conferencia alterna, 10 puntos sobre los cuales fundan sus razones por las cuales el caso Ayotzinapa, no sólo sigue abierto, sino que apuntan a un mal trabajo de la PGR. Malo, por decir lo menos.

El punto número 9 de los expuestos por los padres y familiares, se encuentra el que tiene qué ver con la responsabilidad del Ejército mexicano en la masacre.

Señalan las víctimas:

“No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, puesto que en el expediente hay indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó, ante el Ministerio Público, que el Ejército sabía desde 2013 que Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula.”

Además que el testimonio de Omar García da cuenta que efectivos militares adscritos al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala los interrogaron, les tomaron fotografías y amenazaron, cuando los normalistas se encontraban en la clínica “Cristina” rogando porque se atendiera a los heridos. Al mismo tiempo, los soldados no intervinieron en auxilio a los estudiantes, a pesar de los gritos de auxilio ni por encontrarse en una zona circunvecina al cuartel.

“¡Callense! ¡Ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, y pues ahora aguántense y éntrenle”, relató Omar García a diversos medios mexicanos y extanjeros.

Además, el testimonio de Rafael López Catarino, padre del normalista desaparecido Julio César López, refiere que el GPS del celular de su hijo indicó que el último lugar donde estuvo antes de desaparecer, fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

“Estamos enfocados a los militares. El celular de mi hijo, su GPS dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala. Por eso ellos participaron, ellos saben dónde están los muchachos”, dijo.

López Catarino reveló que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS.

Y todo apuntó al Ejército.

Pero esto ha sido omitido como versión oficial. Ni los medios ni el sistema político se ha atrevido a respaldar las investigaciones independientes de los padres de los normalistas, cuyas pruebas también piden indagar al Ejército. Una versión que se perfila como única al estar a la vera de cuatro meses -¡cuatro meses!- sin que se sepa de los muchachos.

Que la PGR excluya al Ejército de sus investigaciones, es pedir que el Estado mexicano se investigue a sí mismo, me dijo el segundo secretario del Partido Comunista de México (PCM), Diego Torres, quien menciona, al mismo tiempo, cómo las autoridades judiciales han omitido investigar casos como las ejecuciones militares en Tlatlaya, Estado de México, o en Michoacán. Asi como el paramilitarismo en el Estado de Guerrero, sede de la masacre de Iguala, así como de cinco ejecuciones más sin resolver de militantes comunistas en el muncipio de Coyuca de Benítez, durante el año 2013.

“Todos ellos son asuntos violatorios de la supuesta justicia que defiende el aparato estatal, donde se ocultan y solapan responsabilidades, los juicios grises de la administración militar se efectúan lejos del escrutinio nacional e internacional entre los muros del Campo Militar 1”, dijo, en tanto subrayó que, pese a estas evidencias, este tipo de crímenes se siguen cometiendo.

En suma, si el Estado mexicano no investiga a sus aparatos es para no ponerse a sí mismo en una crisis, menos aún, frente a las crecientes protestas y manifestaciones anti sistémicas, cada vez más radicales. Así fue que padres, familiares y pueblo acudieron al cuartel militar de Iguala el 12 de enero, y con un tráiler derribaron la reja del batallón, suscitándose un enfrentamiento con los soldados.

El propósito de las víctimas era tan simple como determinante: A los normalistas podría tenerlos el Ejército, y hubo que acudir los cuarteles. Y no era la primera vez que llegaban a las puertas de la sede castrense. Antes del enfrentamiento del 12 de enero, ya había ocurrido una manifestación importante frente al 27 Batallón de Iguala el 26 de diciembre. Simpatizantes de la causa Ayotzinapa pintaron los muros del cuartel. “Aquí están los asesinos”, se leyó.

Para el 15 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo que “evaluaría” que se abriera sólo el cuartel de Iguala. Algo que no ha ocurrido. En tanto, las versiones oficiales y los medios de comunicación asociados al poder se cuidan mucho de no involucrar el nombre del Ejército en el tema Ayotzinapa, aún si los propios padres y familiares insisten en la necesidad de abrir una línea de investigación hacia dicha institución.

Esto ocurre así, me dice Diego Torres, dirigente del PC mexicano, ya que el Estado procura evitar que escale una confrontación que lo ponga en riesgo de caer. En ese sentido, el Ejército es la “última línea de resistencia de la clase opresora”. Involucrar a los militares, significaría exponer su último bastión de poder.

“El problema para la burguesía es como evitar que se dé una confrontación que socave y a la larga determine la caída del gobierno, la caída del Estado mismo, una crisis de su aparato de dominación completo. Por ello los medios no tienen empacho en prestarse a los juegos electorales de sus clientes, o en expresar sus intereses de negocio directamente lanzando a veces fuego sobre las casas blancas y los actos de corrupción de Peña Nieto y otras veces desnudando la colusión del PRD con el narcotráfico, etcétera; pero se cuidan mucho de exponer al Ejército. Presidentes van y vienen, pero el ejército es la última línea de resistencia de la clase opresora.”

En ese sentido, el periódico MILENIO, publicó apenas el pasado 26 de enero un reportaje titulado “El Ejército en la noche de Iguala” en donde entrevista a solados no identificados quienes niegan las imputaciones hechas por los normalistas. El texto muestra a un Ejército acomedido a auxiliar a los estudiantes, llamando a ambulancias y custodiando los cuerpos abatidos.